La expresión, perteneciente al escritor irlandés Bernard Shaw, tiene una notable vigencia en este arrabal del planeta llamado América Latina. Del cual El Salvador, por supuesto, no constituye ninguna excepción.
Consciente o no de su ironía, Shaw no acotaba su desconfianza a quienes circunstancialmente ejercían el poder. Tampoco limitaba su afirmación, sobre los malolientes efectos de una prolongada permanencia en el poder, a quienes ejercían el Ejecutivo. Se refería a toda la clase política.
Su opinión, claro, incluía a los legisladores. Como si hubiera imaginado (¿u olfateado?...) algunas de las cosas que son capaces de hacer.
Por otro lado, no hace falta tener la imaginación del irlandés, sino apenas observar los hechos…, para percibir las cosas que los legisladores no son capaces de hacer.
Entender, por ejemplo, la existencia de dos pilares básicos para la convivencia en una sociedad moderna, esos que con un entusiasmo digno de mejor causa se empeñan en ignorar: 1) la división de poderes, y 2) el espíritu de las leyes.
Ambos conceptos remiten, inevitablemente, al barón de Montesquieu, filósofo francés, cuyo pensamiento queda reflejado en la siguiente afirmación: "una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa".
En términos actuales, lo que Montesquieu entendía por "justo" era el derecho natural, que es pre-existente a lo que el legislador de turno decida redactar: los derechos naturales a la vida, a la libertad y a la propiedad, entre otros, son anteriores a cualquier legislación efectivamente promulgada.
Asimismo, en términos actuales, lo que Montesquieu entendía por "ley" era la ley positiva, la promulgada por el legislador para que el Estado pueda cumplir adecuadamente con su obligación de hacer respetar lo que es "justo".
El actual brete en el cual la Asamblea puso a la sociedad, y que tuvo un pre-aviso en el decreto 743 del año pasado, deja en evidencia que los políticos olvidan que la obligación de los órganos legislativos es la de garantizar derechos generales, y no la de defender intereses (o satisfacer necesidades) particulares. Y así nos va.
Si los legisladores leyeran a Montesquieu (es cierto, a juzgar por videos recientes, algunos debieran comenzar leyendo cositas más fáciles…), comprenderían la confusión que tienen entre lo legal y lo legítimo. Justamente ellos.
Y entenderían lo que Fusades les indicó sobre el precedente de una elección anticipada, que "pudiera llegar al absurdo de elegir a los sucesores de cualquier cargo en forma indefinida". Más claro, el agua.
En su obra "Capitalismo, socialismo y democracia" (1942), el economista Joseph Schumpeter analizó el funcionamiento de la democracia, marcando su paralelismo con un proceso de mercado. Con uno defectuoso, por supuesto.
